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Por: Mariel Navarro

Después de ser aprobada en comisiones, la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de la nueva Ley General de Aguas, se pospuso de manera indefinida el 9 de marzo de 2015. La nueva Ley General de Aguas sigue el espíritu mostrado con la Reforma Energética y entre ellas existen vínculos estrechos en temas como el fracking.

De ser aprobada, la nueva ley sustituye a la Ley de Aguas Nacionales decretada en 1992 con la que se han logrado avances significativos para garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad; si bien se trata de una agenda aún con grandes retos por resolver la iniciativa pendiente en la Cámara de Diputados representa una coyuntura clave respecto de la distribución y el acceso al agua.

La propuesta de la nueva Ley General de Aguas tiene algunos puntos sensibles con los que cambiaría nuestra relación con el acceso a agua. Algunos de los aspectos más controvertidos son:

  • Define un mínimo vital de 50 litros por persona por día. Esta cantidad es la mitad de la aprobada por la ONU, lo que pone en duda el propio derecho humano al agua.
  • Determina ilegal realizar obras de exploración, estudio y monitoreo, sin contar con el permiso correspondiente de la CONAGUA; imponiendo multas de entre 200 y 50,000 días de salario mínimo. Limitando seriamente la participación de terceros (universidades y centros de investigación) en la generación de información de calidad, convirtiendo a la CONAGUA en la única fuente válida de información y actuando como juez y parte.
  • En el artículo 258, se hace explícito que “para hacer cumplir sus determinaciones” la CONAGUA podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública de cualquiera de los tres Órdenes de Gobierno. Resultando en la posibilidad de exacerbar conflictos sociales con actores que no fueron adecuadamente valorados durante el proceso legislativo.
  • Propone la figura de trasvase para el movimiento indiscriminado de agua entre cuenca, anteponiendo el argumento de “utilidad pública” promoviendo esta práctica sin mencionar otras opciones. Este punto en particular resultaría un gran catalizador de conflictos sociales. Con ejemplos tan añejos como los Mazahuas en la cuenca del Cutzmala y el trasvase hacia el Valle de México o los Yaquis y los agricultores del valle de Obregón respecto del trasvase hacia la Ciudad de Hermosillo
  • Enfatiza ampliamente el aprovechamiento de materiales pétreos. Esto en una clara sinergia con la Reforma Energética y el fracking.
  • Promueve la concesión a particulares como prestadores de servicio para la administración del agua, argumentando principios de eficiencia económica. Queda la duda si posteriormente se establecerán los porcentajes de participación y los volúmenes máximos de las concesiones.

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Sin duda es un tema que requiere participación y sensibilidad social; recordemos el agudo conflicto social en Bolivia en contra de los organismos privados de administración del servicio público del agua; la creciente presión social en Estados Unidos por el temor a la contaminación del agua para uso humano derivado de prácticas industriales y petroleras; la reciente contingencia por el acceso al agua en la cuenca del Río Sonora. Pero recordemos también los casos de éxito como la concesionaria Aguakan en Quintana Roo, que lleva 20 años prestando servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. En este caso, la iniciativa privada se encargó de la inversión en infraestructura y su respectiva operación, mientras la autoridad estatal y municipal asumió un papel regulador a través de auditorías y fijación de tarifas. Este ejemplo desmitifica la participación del sector privado en la administración del agua en México y demuestra que las asociaciones público-privadas pueden funcionar y ser un éxito.

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