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México se encuentra en un momento crítico y complejo.

Las condiciones de deterioro acumulado en las últimas décadas tienden a profundizarse en lo económico, lo social, lo político, lo ambiental y lo territorial, sin que genere mayor reacción en el poder
constituido, excepto por la necesidad de garantizar la continuidad de su hegemonía.

El gobierno en turno se esfuerza por presentar, ante la opinión pública, una situación de relativa normalidad y logros, contrastante con una realidad dolorosa que impregna la cotidianidad de las personas y alimenta el descontento expresado en distintas formas.

La estructura de poder (político, económico y mediático) despliega sus capacidades para invisibilizar conflictos, contener y controlar reclamos concediendo formalmente a las demandas o reprimiendo la indignación organizada.

No se puede ocultar el despojo, la violencia, la corrupción y la impunidad que tienen sustento en el modelo impuesto y se reflejan en el contraste más brutal: por un lado, injusticia, desigualdad, pobreza, muerte y por otro, concentración de riqueza y poder, escalada autoritaria y entrega de la nación.

La sociedad muestra su hartazgo resistiendo y poniendo en cuestión a la “normalidad institucional” que se pregona. Múltiples organizaciones sociales, territoriales, sectoriales, reivindicativas, despliegan su indignación en todo el país, rechazando la imposición y la violencia. Numerosas comunidades y organizaciones campesinas resisten el despojo de tierras y la entrega de recursos naturales, ofreciendo soluciones alternativas.

Existen dos proyectos de país muy distintos y confrontados. Desde nuestra perspectiva, esta disputa por la nación es una disputa por la vida, que requiere, como queda dicho, la construcción de una mayoría
social en torno a un proyecto de país y un programa común para llevarlo a cabo.

Ese programa común contempla construir una institucionalidad democrática y participativa que permita impulsar un desarrollo nacional integral con planeación para alcanzar derechos sociales igualitarios y universales y asegurar un territorio articulado y sustentable, conjunto de cambios que permitirán promover una inserción global con soberanía e independencia

I. Construir una institucionalidad democrática y participativa requiere reformar el Estado desde la perspectiva de los derechos humanos y de género, redefinir el pacto federal, fortalecer a los municipios y democratizar la justicia, incorporando como instrumentos rectores la planeación integral del desarrollo y la participación
ciudadana.

Estructurar un régimen con democracia representativa, participativa y directa, puesto al servicio del conjunto de la sociedad plural y diversa, con poderes autónomos integrados democráticamente, con funcionarios capacitados y sujetos a control social.
Impulsar un gobierno democrático que represente el interés de las mayorías, con participación social en todos los ámbitos y una actuación que se ajuste a los planes de desarrollo y a la racionalidad presupuestal que se derive de ellos, y que rinda cuentas de su ejercicio. El sistema de partidos debe renovarse y someter a revisión el sistema electoral, para racionalizar su funcionamiento e incorporarle control social. Construir ciudadanía informada, consciente, crítica, participativa, organizada y responsable, implica otra política de información y comunicación, con un sistema de medios democrático, plural y diverso, que contribuya a la construcción de un sentido común emancipatorio, no mercantilizado.

II. Impulsar un desarrollo nacional integra con planeación se sustenta en otra concepción del desarrollo, que involucra lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo territorial, con enfoque integrado y participativo en todos los órdenes de gobierno, reconociendo diversidad y pluriculturalidad.
Los bienes comunes, en particular los recursos naturales y su aprovechamiento, así como las actividades estratégicas, deben estar bajo control soberano del Estado para lo cual se deben revertir las reformas constitucionales que lo impiden y revisar el conjunto de leyes que los regulan, en todos los casos con la participación de comunidades y organizaciones sociales. El campo requiere una reforma integral para ponerlo al servicio de las necesidades del país y sus habitantes, con el objetivo de alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, así como el fortalecimiento de las economías regionales. La industria exige una política explícita y no subordinada que integre cadenas productivas e incorporación de valor en función de la demanda interna, con énfasis en micro, pequeñas y medianas empresas, en cooperativas y en las distintas modalidades
de economía social. Reforma fiscal redistributiva, generación de empleos dignos, reforma laboral que proteja al trabajo, distribución equitativa de ingresos y renta básica universal, son parte del modelo alternativo de desarrollo que tiene como objetivo principal una vida digna para todas las personas, el respeto de la naturaleza y el cuidado de los bienes comunes.

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III. Alcanzar derechos sociales igualitarios y universales significa desplegar un desarrollo social y económico que incluya lo territorial, lo laboral, lo ambiental y lo cultural, con plena participación ciudadana y comunitaria en su definición. Es un nuevo pacto social, con otra relación entre Estado, comunidad, familia e individuo, atendiendo a una realidad de necesidades diversas y complejas.
Se trata de impulsar una reforma social basada en derechos, con perspectiva integral, que considere los derechos económicos, sociales y culturales: alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, deportes, seguridad social, trabajo. Que reconozca los derechos específicos emergentes de la vida en las ciudades y en el ámbito rural responda a los requerimientos de los diversos grupos poblacionales (niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, personas mayores, indígenas, migrantes y población LGBTTTI), incluidos los grupos de víctimas de las violencias; asuma la pluriculturalidad de la sociedad y la diversidad regional; reformule y articule territorialmente el conjunto de programas sociales actuales y desarrolle el sistema de servicios de cuidado y de apoyo a los grupos familiares. Las instituciones y organismos de atención social deben articular su funcionamiento
con un enfoque territorial, buscando mayor eficiencia y detectando con oportunidad las problemáticas emergentes.
La participación ciudadana tiene que ser una constante en el diseño, gestión y control de las políticas públicas.
La convivencia en democracia implica combatir la discriminación, la violencia, la profunda desigualdad, la exclusión y la pobreza; recuperar la convivencia pacífica y reconstruir y proteger el tejido social. Es
necesario un profundo cambio cultural que recobre la solidaridad, la cooperación y la corresponsabilidad social, modifique
la cultura patriarcal, la misoginia, la homofobia y todo estereotipo asociado a comportamientos discriminatorios y
maltrato.

IV. Asegurar un territorio articulado y sustentable requiere una concepción distinta del modelo hegemónico en la forma de ocuparlo, de aprovechamiento de los recursos naturales y de la relación con
la naturaleza, lo que exige un esfuerzo constante de planeación integral con participación de habitantes, gobierno y especialistas, en distintas escalas y niveles, con fuerza de ley y exigible judicialmente.
Puede decirse que la disputa por la nación es hoy la disputa por el territorio y la vida digna de sus habitantes. Es necesario reconocer
a las organizaciones comunitarias y a sus derechos sobre las tierras y las formas de aprovecharlas o decidir sobre ellas (derecho a consulta). Se deben congelar las concesiones otorgadas a las distintas modalidades extractivas, cancelar las que correspondan y suspender el otorgamiento de nuevas concesiones hasta la revisión de la Constitución, las leyes y la gestión de las concesiones vigentes.
En las ciudades, establecer coordinación obligatoria en áreas metropolitanas, desmontar los procesos de fragmentación espacial, segregación social y privatización del espacio público, regulando
las intervenciones del capital financiero inmobiliario y ajustando toda actuación a los planes de desarrollo. Priorizar el transporte público y desestimular el privado. Asegurar equilibrio entre usos urbanos y áreas de preservación.
Desarrollar una política habitacional integral, dando prioridad a la producción social de vivienda, con sus variantes según región y población. El suelo es un bien común y su uso debe subordinarse al
interés colectivo. Su gestión por el Estado es indispensable para el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano. Una adecuada fiscalizacion con visión progresiva, garantizará la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano.

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V. Promover una inserción global con soberanía e independencia, parte de reconocer y asumir el papel de México como potencial articulador de Norte y Sur, Este y Oeste, sin subordinación a los intereses de nadie, a partir de las necesidades propias y de su proyecto de desarrollo autónomo, impulsando un nuevo orden mundial
multipolar y la transformación de las instituciones globales.
Es necesario replantear el sistema de relaciones y la política de alianzas, fortaleciendo lazos con Centroamérica, Sudamérica y con las comunidades mexicanas en el exterior. Impulsar la integración de una comunidad de naciones de América Latina y el Caribe y articular una estrategia independiente para las relaciones con la región Asia-Pacífico y con África.
Los tratados comerciales deben alinearse con las prioridades establecidas en el plan integral de desarrollo nacional, no con las necesidades de las grandes corporaciones.
El libre comercio es un instrumento, no un fin en sí mismo. Los tratados deben someterse a referendo universal vinculatorio cuando afecten el desarrollo socioeconómico del país y los intereses laborales, culturales, ambientales, tecnológicos e intelectuales.
El país debe ser protagónico y dar el ejemplo en políticas públicas sobre cambio climático, agua, alimentos, aprovechamiento de recursos naturales, energía limpia, innovación, derechos humanos, medio ambiente, condiciones laborales, igualdad, inclusión, género y migración.
En todos los temas se plantean cambios de fondo y se perfilan políticas públicas para impulsar en distintos frentes, respaldando los que existen y abriendo otros, comprometiendo actores y organizaciones políticas, sumando fuerzas. El intercambio y el
debate permitirán ampliar y profundizar las propuestas, sin perder de vista la necesidad de convertir la dispersión y fragmentación de las resistencias en esfuerzo unitario y acción común.

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